El Ejecutivo morenista, la dupla López Obrador-Sheinbaum Pardo, están por cumplir cuatro años tratando de reformar el sistema electoral mexicano. Ellos buscan que la reforma electoral sea de gran calado. De acuerdo con los planes A, B y C, se pretende transformar de fondo y forma la arquitectura institucional del sistema electoral (debilitar al INE y a los OPLE) cambiar el sistema de representación (eliminar o cambiar las diputaciones plurinominales y disminuir senadurías). Los tres proyectos de reforma del presidente López Obrador nacieron muertos.
Desde el 1° de febrero de 2026 nos encontramos a la expectativa de que Sheinbaum envíe una nueva iniciativa al Congreso de la Unión. ¿Qué tan parecida será a las tres que le precedieron? Nadie lo sabe, quizá ni siquiera Pablo Gómez o la presidenta cuyos desencuentros son cada día más evidentes. Lo que sabemos de cierto es que el plan D se ha retrasado por falta de consenso. Por un lado, al interior de Morena los duros no permiten ceder a los moderados; por el otro, cada día es más caro pactar algo con los otros dos partidos de la coalición oficialista. Ni el PVEM ni el PT han dado su brazo a torcer.
Mientras, el tiempo apremia, para todo efecto práctico, ya se acabó febrero y la reforma legal no puede empezar a redactarse sin la constitucional aprobada. La terquedad hace que tres meses del período legislativo sean insuficientes.
Suele ser común que las oposiciones sean las que demandan cambios a la legislación electoral. Naturalmente quien pierde es el principal interesado en buscar arreglos legales que les sean más favorables para el proceso siguiente. En términos generales es válido afirmar que la mayoría de las reformas electorales en el mundo se “arrancan” al partido en el poder, no se impulsan desde el poder. Es, por decir lo menos, atípico que los cuatro intentos hayan sido impulsados desde el Ejecutivo.
La Ciencia Política forense nos permite afirmar que la causa de muerte de las tres iniciativas que sí vieron la luz fue la misma: fueron proyectos unilaterales presentados por el partido en el poder sin el concurso de ninguna otra fuerza política. Las transformaciones planteadas al sistema de la representación política en el Congreso de la Unión acabarían debilitando, cuando no eliminando, a los partidos de oposición. El proyecto de Sheinbaum no ha podido ver la luz porque presumiblemente tiene las mismas falencias que los tres anteriores.
Esto tiene a la presidenta con las siguientes alternativas: primera: presentar una reforma totalmente descafeinada que resulte beneficiosa para el PT y el PVEM quienes están cada día más empoderados; han cobrado conciencia plena de su capacidad de bloqueo. Ya no sólo exigen que no se toquen las curules plurinominales, al parecer tampoco han aceptado una reducción del 25% del financiamiento, cuando al principio el Ejecutivo buscaba una reducción de 50% o más. Segunda: presentar una reforma radical que de antemano sabe que no va a pasar, pero en la que impone su perspectiva. Tercera: presentar una reforma minimalista en la que únicamente se incluya la revocación de mandato para el 2027 y quizá se posponga la elección judicial para el 2028. Y, por último, la cuarta opción es no presentar nada. Cualquiera de las opciones anteriores es un fracaso político para Sheinbaum.
Mientras, afuera de Palacio, corre tinta para analizar la reforma que todavía no existe. Las oposiciones y muchos grupos de la sociedad civil se hacen la misma pregunta, ¿qué es mejor, que haya no una reforma electoral? La respuesta para ellos es más sencilla: es preferible no alterar el statu quo.
María Marvan Laborde. La autora es politóloga socióloga, exconsejera del IFE
y excomisionada del IFAI.
